La protección de las autoridades de seguridad de la provincia de Tierra del Fuego es vital a la hora de que los negocios turbios vinculados al narcotráfico, la prostitución y el juego puedan florecer sin limites y ante la vista de todo el mundo.
El gran negocio que permite este nivel de protección está en la diferencia del precio de las drogas: un gramo de cocaína en Ushuaia o Río Grande puede venderse de 800 a mil pesos, una diferencia considerable con respecto a los 300 a 500 que se ofrece en diferentes puntos de la Capital.
Esa enorme diferencia de precio es la que explica el grado de protección que tiene en Tierra del Fuego el negocio del narcotráfico y hace que las autoridades de seguridad de la provincia miren para otro lado.
Mientras funcionarios del gobierno provincial solo se encuentran obsesionados por fabricar falsas denuncias a sus adversarios políticos, llamativamente miran para otro lado cuando se trata de prostitución, drogas y juego.
A principios del 2017 casualmente solo por investigación de la gendarmería nacional se pudo dar con un cargamento de 47 kilos de marihuana que estaba oculta en unos parlantes; como consecuencia del operativo renunció a su cargo el funcionario policial de la provincia de Tierra del Fuego.
Franco Torres, de 26 años, el hijo del subjefe de la Policía de Tierra del Fuego, comisario mayor Ismael Torres. Este hecho que luego la prensa adicta al gobierno local trato de minimizar dio cuenta de los estrechos vínculos entre las propias autoridades de seguridad de la provincia y el narcotráfico.
Los 47 kilos de marihuana había llegado a Río Grande en un camión que transportaba encomiendas y que había salido de Buenos Aires. La droga estaba oculta entre parlantes.
"Una vez que comenzó la causa se ordenaron una serie de intervenciones telefónicas y se pudo determinar que estaba por llegar un cargamento de marihuana", dijo un investigador. El cargamento llegó a Río Grande en un camión de transportes desde Buenos Aires.
El cargamento de la banda investigada llegaría a Tierra del Fuego para distribuir entre vendedores de Río Grande, Ushuaia y otras ciudades, lo cual habla de una banda absolutamente muy bien organizada y que contaba con el visto bueno de altas autoridades de seguridad de la provincia para comercializar la droga en toda la provincia.
Recordemos que en esa oportunidad actuó un juez federal Esquel Guido Otranto, que durante la feria judicial subrogó el juzgado federal de Ushuaia y este hecho permitió que se pueda avanzar en la investigación logrando resultados positivos.
Recordemos que el tiempo después, sumado a otros hechos de corrupción como la desaparición de más de 24 millones en el área de seguridad de la provincia. Bertone le pide la renuncia al secretario de seguridad Ezequiel Murray, luego vendría Javier Eposto el fabricante de causas truchas contra opositores, quien planto además testigos falsos y realiza un montaje para hacer creer que lucha contra la droga y la prostitución, cuando en realidad es el jefe de la recaudación de esos negocios ilícitos en territorio fueguino.
Tal es así, que hoy Rio Grande esta minado de Privados donde la prostitución y la droga son moneda corriente y casualmente las autoridades del gobierno provincial nunca ven nada, solo ocasionalmente realizan algún operativo montado para las cámaras con algún perejil y luego los negocios siguen su curso normal.
En los viajes desde Buenos Aires a Tierra del Fuego estas bandas no sólo llevan y traen mulas sino que también lo hacen con mujeres para ejercer la prostitución. "Viajan un mes y después vuelven y así las van rotando. Están divididos así: los hombres se dedican a la droga y las mujeres son utilizadas para la trata de personas", todo con la vista gorda de las autoridades de seguridad de la provincia que sobre este fenómeno no hacen nada ni denuncian nada.
Se pudo saber que se usaron bares nocturnos, como el caso de Lucy Alberca Campos, una ciudadana peruana de 34 años que fue detenida en 2012 acusada de liderar una banda narco integrada por dominicanos y argentinos que funcionaba en Ushuaia, que también se dedicaba a la trata de personas. En el momento de la detención tenía siete millones de pesos en el lugar. Fue condenada en 2016 a tres años en suspenso por el delito de trata y explotación de personas, una verdadera vergüenza judicial.
Y para colmo en agosto del 2018, Lucy Campos recibió una condena abreviada por la unificación de las dos penas (tráfico de estupefacientes y explotación de personas) de solo cuatro años de prisión. Toda esta protección al narcotráfico se consolido durante el gobierno de Rosana Bertone en Tierra del Fuego.
Por otro lado le sigue el juego un negocio megamillonario cuyos lazos políticos con Rosana Bertone permitió que el propietario del casino status concentre el monopolio del juego en la provincia.
La provincia permitió la transferencia de los derechos sobre la actividad de las mesas de paño de las salas de juego de Casino Club en Ushuaia y Río Grande. La operación incluyo el pago de 750 mil dólares a la compañía y fue autorizada por el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), cuyo presidente descartó llamar a licitación. El Tribunal de Cuentas dio su aval a la medida.
Las autoridades de Casino Club y el propietario de Casino Status, Nazareno Natale, formalizaron una presentación ante el IPRA en la que informaron de una “cesión de posición contractual” respecto de los derechos de operación y explotación de los casinos de ambas ciudades, por la que Casino Club recibirá 750 mil dólares.
Recordemos que el hijo del dueño (Nazareno Natale) de Casino Status (Gastón Natale) es actualmente funcionario de Bertone y se desempeña como titular del vialidad provincial.
Adicionalmente Rosana Bertone tomo una deuda por 10 millones de dólares para comprarle a Cristóbal López el casino de Ushuaia, en una maniobra express que paso por la legislatura y conto con el voto de todos sus fieles legisladores incluido el polémico Pablo Blanco quien tiene actualmente el control del banco de la provincia.
Se especula que dicha maniobra conto con un retorno importante que le permitió a Bertone obtener recursos para su campaña, que incluye el pago de abultadas sumas de dinero a medios nacionales para construir operaciones de difamación a opositores políticos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario