Lo que a las claras se trata de enriquecimiento sin causa, en Tierra del Fuego el Gobierno de Rosana Bertone pagó $ 110 millones por una obra en la que el Estado y la constructora reconocen “un avance de 0,0%”.
De la misma forma que lo hizo con el Corredor Costero del Beagle, la gobernadora de Tierra del Fuego pagó una obra que suspendió en el mismo acto administrativo. Fue por el microestadio cubierto para Río Grande, adjudicado con un sobreprecio de casi $ 50 millones a una empresa investigada por la Oficina Anticorrupción y la Justicia. Entre los adelantos de estas dos obras suman alrededor de $ 360 millones. Sospechas sobre el financiamiento de la próxima campaña.
Tierra del Fuego se da el “lujo” de pagar adelantos por obras que suspende, mientras sus empleados públicos no tuvieron paritarias, el comienzo de la Gobernación Bertone se caracterizó por un recorte jubilatorio, y la provincia tiene una asfixiante presión tributaria que los ciudadanos no sienten que vuelva en una salud o educación públicas de calidad.
En este contexto, así como lo hizo con la firma Gancedo y la Ruta Costera del Beagle, la gobernadora decidió pagarle a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA) por la construcción -que está suspendida- de un microestadio cubierto en Río Grande. Una obra que muchos consideran menos necesaria que rutas, desagües cloacales (la Bahía de Ushuaia estaría contaminada como nunca en su historia), asfalto o gasoductos.
En lo que ya parece un modus operandi de la gobernadora kirchnerista, los casos de Ruta Costera del Beagle y Microestadio de Río Grande parecen calcados. En el primero de ello, una empresa mencionada en los emblemáticos casos Skanska y Ruta del Dinero K como vinculada a Lázaro Báez y Carlos Santiago Kirchner (ambos presos), un adelanto de obra suspendida por $ 259 millones, y favoritismo por las obras de la provincia. En el segundo, una empresa de rápido crecimiento durante el kirchnerismo, investigada por la Oficina Anticorrupción y la Justicia, que cobró más de $ 110 millones por un microestadio innecesario, que por ahora no va construir, y cuyo precio terminó resultando casi $ 50 millones más caro que lo pautado en el presupuesto original.
La Justicia de Tierra del Fuego no se rasga las vestiduras declamando y actuando independencia del poder político. Pero, al fin y al cabo, los hombres del Poder Judicial miran también las encuestas y dudan si proteger a una Bertone cuyo mandato puede acabarse en poco más de un año.
El acto administrativo, en el pago de un microestadio que probablemente nunca se construirá, es el siguiente:
El 28 de marzo, mediante el decreto 753, el vicegobernador Juan Carlos Arcando (a cargo entonces de la titularidad del Ejecutivo, Bertone suele viajar bastante), le otorgó a CEOSA la construcción del Microestadio Cubierto de Río Grande por casi $ 367 millones. En el mismo decreto admitió un sobrecosto superior a $ 48,6 millones, pues la obra estaba pautada originalmente en $ 320 millones. Además, en apenas 6 artículos (más 2 de forma) estableció que la empresa debería cobrar el 30% como adelanto financiero de la obra, que debería estar terminada a los 24 meses de su iniciación.
Es decir, a través del decreto de adjudicación de la obra, la gobernación de Tierra del Fuego se garantizó que CEOSA cobre por una obra que no se sabe cuándo comenzará ni terminará. Clinck, caja, y sospechas de financiamiento para la próxima campaña a la gobernación de Bertone.
Menos de tres meses después, el 14 de junio de este año, mediante la resolución 244 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y en apenas dos artículos (más uno de forma) se suspendió el comienzo de la obra. Es más en el “Acta de Suspensión de Plazo” que se adjunta a la resolución, el estado provincial y la empresa firman que “se deja constancia que la obra se encuentra en un avance físico del 0,0%”.
A pesar de ello, como demuestra la planilla publicada en esta nota, se le pagó a CEOSA la cifra de $ 110.586.509,09. Es decir, el 30% de una obra que probablemente nunca realice.
Estos actos administrativos podrían ocasionar problemas judiciales no sólo para CEOSA sino también para toda la línea de decisión gubernamental: Rosana Bertone, el ministro Vázquez, la jefa de Administración que emitió el pago, entre otros. Pero eso es el largo plazo. En el corto, sólo en dos obras que no arrancan, Bertone le adelantó $ 360 millones a Gancedo y CEOSA.
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